Fase final para tratar de resolver “un problema histórico de Arahal”: la carencia de suelo industrial

  • Este lunes terminaba el plazo de exposición pública para poder llevar a cabo la urbanización del polígono industrial Huerto Ordóñez, en concreto, la unidad de ejecución UE-9 Ferca compuesta por 131 parcelas. Ahora, resta la aprobación definitiva y su posterior publicación en el BOP, momento en el que se podrá otorgar licencias de obras.
  • Para la alcaldesa de la localidad, Ana María Barrios, este es uno de los proyectos más importantes de este Ayuntamiento: “por interés general, el municipio necesita este suelo. No tenemos naves y hay muchos empresarios dispuestos a invertir”.
  • Algunos propietarios y empresarios no están contentos con la situación.
Una parte de la unidad de ejecución UE-9 Ferca, en el polígono industrial Huerto Ordóñez.

Este 16 de enero de 2023 era un día muy esperado para el Consistorio arahalense y para muchos vecinos de la localidad. Este lunes se acababa el plazo de exposición pública del proyecto de reparcelación y del proyecto de terminación de urbanización de la unidad de ejecución UE-9 Ferca, situada en el polígono industrial Huerto Ordóñez y compuesta por un total de 131 solares.

Esto significa que, desde ayer, se da un paso más para tratar de resolver lo que la actual alcaldesa de la localidad califica como “un problema histórico de Arahal”, es decir, la falta de suelo industrial.

Este largo y engorroso proceso, que hasta ahora se encontraba en periodo de alegaciones a ambos proyectos citados, permitiría terminar de urbanizar dicha unidad de ejecución después de más de 15 años: “Aquello tenía un follón urbanístico importante y se tenía que haber desarrollado antes, pero no se hizo porque no se pusieron de acuerdo los propietarios. Había que ser valientes para meterse en expedientes como estos porque no era fácil decirles a los dueños que ya no iban a mandar en sus tierras. Ahora se ha hecho, por eso hay que valorar el trabajo de la delegación de Urbanismo. Ya se ha aprobado el cambio de sistema de compensación a cooperación y está en exposición pública (hasta ayer) el proyecto de reparcelación vinculante por ley (no el anterior que estaba caducado) y el de obras, por lo que estamos en el tramo final”, manifestaba la regidora arahalense.

Así que, en estos momentos, el Ayuntamiento tiene que estudiar las alegaciones y considerar su estimación o no. Una vez resueltas, se llevará a cabo la aprobación definitiva en junta de gobierno y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Llegado a este punto, se podrá otorgar licencia de obras a los empresarios y propietarios interesados, intentando simultanear la urbanización de la zona con la edificación de las nuevas naves y no tener que esperar a la correspondiente recepción de las obras para que cada particupar pueda empezar a construir.   

Complejo proceso urbanístico: de junta de compensación a sistema de cooperación

Según explicaba Barrios en el último pleno de la Corporación Municipal, el problema de esta situación viene originado por diferentes factores años atrás: crisis inmobiliaria, aumento de propietarios a través de ventas de parcelas, falta de consenso entre estos para urbanizar…

Por ello, al principio de mandato, el Ayuntamiento se reunía con los afectados para proponer el cambio de modelo urbanístico: de junta de compensación, donde los propietarios son los que desarrollan y financian la urbanización, a sistema de cooperación (el Ayuntamiento pasa a ser el impulsor pero siguen sufragando los costos los titulares del terreno): “La administración pública no paga ni urbaniza. Solo recepciona asegurándose que la zona ofrece las prestaciones y garantías fundamentales”.

No obstante, en este cambio ha sido necesario, como explicaba la alcaldesa, llevar a cabo un proceso de reparcelación, un trámite que ha retrasado el procedimiento y con lo que no están del todo de acuerdo algunos de los empresarios afectados y parte de la oposición, como el Partido Popular. Su portavoz, Alberto Sanromán, manifestaba que, según un informe de la secretaria de noviembre de 2020, no era necesario dicho proyecto de reparcelación: “Se produce un cambio de sistema por otro, pero no la invalidez de lo ya aprobado hasta entonces”.

Sobre esto, Ana Barrios explicaba que en un principio no era necesario, pero que, posteriormente, no quedó más remedio por motivos registrales: “en un primer momento, se creía que solo se tenía que cambiar el sistema y aprobar el proyecto de obras. Pero cuando fuimos al registro de la propiedad, nos encontramos el problema. Había un proyecto de reparcelación inicial con 8 propietarios que había caducado: las parcelas aparecían sin cargas y las notas simples mostraban una realidad que no se parecía en nada a lo que había. En estos momentos hay más de medio centenar de propietarios, ya que compraron proindiviso (bien cuya titularidad se comparte entre una o varias personas. Los titulares, en este caso, solo poseen una parte proporcional del todo). Esto hacía inviable mantener el mismo proyecto de hace 15 años. Según nuestra jurista, no se puede seguir el trámite así ni construir hasta terminar este proceso. Por eso hemos seguido, solicitando otro proyecto e informando en todo momento a todos los inversores, porque nuestro interés es que se invierta y se desarrolle el polígono, pero con todos los papeles y garantías”.

En este sentido, la edil de urbanismo, Sandra Orozco incide en que el informe al que se refiere el portavoz popular es un primer informe de procedimiento, en el que no se sabía que las cargas ya estaban prescritas: «hasta que no se manda al registro el cambio de sistema, no se sabe que estas cargas están prescritas al pasar 7 años. Así que para que se actualizaran esas notas registrales con los nuevos titulares y se incluyeran dichas cargas, era necesario hacer un nuevo proyecto de reparcelación.

Después de todo este procedimiento, Ana Barrios asegura que ya se está en la fase final de esta cuestión, por eso pide a los propietarios un poco más de paciencia.

Malestar de algunos propietarios

A pesar de entrar en la recta final, este asunto está provocando el enfado de empresarios y titulares de terrenos en este lugar. Uno de ellos es el de una empresa local Ibéricos Benito. Tal como anunció Sanromán en pleno, esta empresa lleva años queriendo construir nuevas instalaciones en el lugar para aumentar su capacidad de producción y, por tanto, los puestos de trabajo en la localidad. Por ello, tiene pagada la licencia de obras desde hace unos meses y presentados los avales solicitados, pero, según afirma uno de sus gestores, «no tiene respuesta concreta para su otorgamiento».

Este retraso, asegura, le está provocando pérdidas económicas y, por eso, ha decidido ampliar otra de sus fábricas en Guijuelo, cansado de esperar plazos, de proponer otras vías de resolución como asumir la gestión de la junta de compensación y “del silencio administrativo”: “el negocio se nos ha quedado pequeño. Necesitamos ampliar nuestras instalaciones, en la que daremos unos 50 puestos de trabajo directos y otros 50 indirectos. Teníamos un presupuesto para hacer la nueva nave que ya no nos vale porque se ha incrementado muchísimo en todo este tiempo”

Al igual que el portavoz popular, entiende que no era necesario volver a realizar el nuevo proyecto de reparcelación basándose en el informe de secretaría municipal de 2020. Por todo esto, asegura que tomarán las medidas jurídicas correspondientes: “hemos pagado las tasas pertinentes, entregada la documentación y tenemos un informe favorable sobre nuestra actuación. Solo queremos que nos dejen realizar nuestra actividad y ampliar trabajo. Así que, de momento, iniciamos ya las obras y, algo que hará mucha gente”.

Por su parte, en esta línea, Orozco, edil del área urbanística, insiste en que “debido al cambio de sistema y al nuevo proyecto de reparcelación, hay una suspensión por ley de las licencias de parcelación y edificación”: “No podemos proceder a dar licencias de obras todavía”.

Además, otra cuestión que provoca el desentendimiento es el costo de urbanización para cada particular. Según el gerente de esta empresa, para hacer este nuevo proyecto de urbanización no se ha tenido en cuenta lo que ya han pagado en el anterior sistema de compensación: «hay propietarios que pagaron más, otros menos y otros nada para urbanizar la parte que ya está hecha. A esto no atiende el Ayuntamiento». Sin embargo, la edil arahalense declara que son cuentas independientes: «Hay que llevarlos paralelamente y sin mezclar, como estamos haciendo. Al final todos pagarán lo que les corresponde porque así lo marca la ley».

Este empresario no es el único que se queja. La propia alcaldesa de la localidad reconoce que hay propietarios “cabreados”: “al igual que unos están deseosos por llegar al final de esta cuestión, otros ahora no quieren pagar los gastos que les corresponden para terminar de urbanizar. Pero deben de entender que el valor de su suelo, cuando todo esté finalizado, subirá mucho. Porque, ahora mismo, en los terrenos que tienen no se puede construir”.

Así que la regidora arahalense está convencida de que esto será muy positivo para el conjunto de la sociedad: “se está arreglando un problema histórico urbanístico de Arahal, dotando al municipio de un suelo industrial que necesita”.

Alejandro Solano Cintado

Periodista, redactor de MedialTV. Presenta los "Servicios informativos" y el programa deportivo "Graderío Sur" en la televisión de este medio.

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