Malestar de los ciudadanos por la subida considerable del impuesto del reciclaje

• El Ayuntamiento de Arahal explica en un comunicado que “este aumento es una imposición legal de la Unión Europea obligatoria para todos los municipios del país y que no pueda hacer nada ante ella”.
• El incremento de la tasa es de un 63%, elevando la cuota anual de 46 a 75 euros para los vecinos de la localidad.

Muchos arahalenses se están encontrando estos días con una ingrata sorpresa en sus casas: la notificación del impuesto por el tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. Algo habitual cada año por estas. La diferencia este año está en la notoria subida del recibo.

Los vecinos tendrán que pagar un 63% más, pasando la cuota de 46 a 75 euros, es decir, 29 euros más. Este considerable aumento ha provocado el malestar ciudadano.

Por eso, el Consistorio arahalense ha emitido un comunicado para explicar la situación. Según el ente municipal, el nuevo régimen tarifario fue aprobado definitivamente el 26 de diciembre de 2024 y publicado en el Boletín Oficial de Sevilla el 30 de diciembre: “La subida es una imposición legal de la UE que la Mancomunidad Campiña 2000 no ha tenido más remedio que implantar, por lo que el Ayuntamiento ni sus gestores somos responsables directos de este incremento. La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (que traspone la directiva Europea) establece la obligación de implementar una tasa de basura obligatoria en todos los municipios españoles a partir de 2025”. España pertenece a la Comunidad Europea desde enero de 1986 y está regido en parte por sus leyes», afirma dicho comunicado.

Arahal forma parte desde el año 2000 a dicha Mancomunidad, organismo que se encarga de la recogida de residuos sólidos urbanos y su tratamiento y al que pertenecen otros seis municipios más de la zona: Paradas, Marchena, Morón de la Frontera, Puebla de Cazalla, Lantejuela y Osuna. Sus ciudadanos, por tanto, también padecerán el aumento. “Los actuales gestores de esta entidad no tienen otra opción de acatar la ley porque se acaba el plazo para su cumplimiento, siendo diciembre de 2025 la fecha máxima”, asegura el comunicado.

Para el Ayuntamiento, este incremento (que pretende financiar los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos e incentivar la reducción de los mismos), se tenía que haber hecho de “forma progresiva y no de golpe, algo que no se hizo por parte de los anteriores gestores de Mancomunidad por ser una medida poco popular”.

Por tanto, el Consistorio entiende el malestar de la ciudadanía, lamenta esta situación derivada de esta subida casi inasumible para muchas familias y afirma que no puede hacer nada ante esta medida impuesta.  

Directiva Europea

El vicepresidente responsable del Pacto Verde Europeo, el esloveno Maros Sefcovic, afirmaba que la Comisión Europea ofrece una serie de acciones entre las que los gobiernos de la UE pueden elegir cuál se adapta mejor a sus necesidades. Según este, el anexo de la directiva 2018/851 (modificación de la Marco de Residuos) contiene una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que los Estados miembro pueden utilizar discrecionalmente para cubrir los costes de la gestión de residuos».

Según la norma, los Estados miembro deben aspirar a alcanzar un objetivo indicativo de reducción de los residuos alimentarios a escala de la UE del 30% en 2025 y del 50% en 2030. Para tal fin, la directiva exige así que las capitales adopten medidas para prevenir la generación de residuos y, aunque no obliga a utilizar ningún instrumento concreto, sí incluye en sus ejemplos acciones como tasas y restricciones aplicables a las operaciones de depósito en vertederos e incineración de residuos, sistemas de pago por generación de residuos que impongan tasas según la cantidad real de residuos generados, entre otras.

Reacción de Marchena

Por su parte y tal como publicaba Marchenasecreta.com, el Ayuntamiento de esta localidad marchenera, que ostentaba anteriormente la presidencia, aprobaba en pleno a principios de año una autorización a la alcaldesa, María del Mar Romero, para emprender acciones judiciales contra la Mancomunidad (a la que Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en 2021) tras la modificación de esta ordenanza fiscal. Actualmente, la presidencia recae en el alcalde de Morón Juan Manuel Rodríguez. 

También, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mostraban su rechazo, solicitando al Gobierno la reforma de la ley por la que se creaba la tasa de basuras.