Jaedilla Arahal recuerda al Ayuntamiento la obligación de modificar la gestión de los residuos municipales

  • La nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor el pasado 1 de julio, obliga a realizar cambios sustanciales a las entidades locales de más de 5.000 habitantes, como, por ejemplo, llevar a cabo la recogida separada de la fracción orgánica a través del sistema puerta a puerta o por medio de un quinto contenedor (contenedor marrón).
  • De no actuar con rapidez, pronto podrían llegar sanciones económicas impuestas desde la Unión Europea.
Acto reivindicativo de Ecologistas en Acción por el contenedor marrón en El Puerto de Santa María. Foto: Ecologistas en Acción.

Jaedilla Arahal – Ecologistas ha emitido una nota de prensa para recordar al Ayuntamiento de la localidad la necesidad de realizar modificaciones en la gestión de los residuos debido a la nueva Ley 7/2022 que ha entrado en vigor el pasado 1 de julio tras su aprobación parlamentaria el pasado mes de diciembre.

Según manifiesta dicha Asociación, esta registró hace mes y medio un escrito dirigido al Ayuntamiento de Arahal y a los grupos municipales con representación para pedir y recordar la urgencia de modificar la escasa separación y aprovechamiento actuales de la basura antes del plazo fijado.

Y es que el objetivo 12 de la Agenda 2030 (producción y consumo sostenibles) y la lucha contra el cambio climático requieren que los ayuntamientos pongan en práctica la economía circular. Así pues, el colectivo afirma que todo esto supone un profundo cambio de toda la gestión municipal para incorporar las nuevas obligaciones, como las siguientes:

  • La recogida separada de la materia orgánica biodegradable de las basuras (biorresiduos) a partir del próximo 1 de julio, bien mediante el sistema puerta a puerta o mediante un quinto contenedor con llave. El mantillo obtenido debe ser de buena calidad y ya no se permite la “estabilización”, con la que se obtiene un producto pésimo y no comercializable.
  • Crear una tasa diferenciada específica para los residuos, que debería depender de la cantidad generada: que la ciudadanía pague en función de la cantidad que tire. Ello implica elaborar nuevas ordenanzas fiscales para que la tasa cubra todos los costes de gestión.
  • El pago de un nuevo impuesto: 40€ por tonelada llevada a vertedero y 20€ por tonelada incinerada de residuos no aprovechados, de forma que la eliminación de los residuos alcance precios disuasorios.
  • Aprobar programas de gestión de residuos y adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la nueva normativa.

Además, añade que los municipios también deberán fijar un calendario para la implantación de nuevas recogidas separadas, aparte de los biorresiduos: textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Llevar los residuos sin tratamiento previo al vertedero queda completamente prohibido.

En cambio, el coste de recogida de los envases de la fracción resto y de la recogida viaria (a cargo injustamente hasta ahora de los ayuntamientos), recaerá sobre Ecoembes y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, es decir, sobre los que ponen los productos en el mercado.

Otra de las obligaciones a asumir por los municipios es la elaboración de un inventario de instalaciones con amianto (uralita) y un plan de retirada de ese amianto en el plazo de un año.

La Ley obliga a que todos los municipios adopten los principios de la economía circular mediante un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad, para que productos y materiales duren el mayor tiempo posible y se limiten los daños al medio ambiente.

Según afirma Ecologistas en Acción, el balance de la gestión de residuos municipales en nuestro país es “desastroso” y no alcanza los objetivos establecidos: “no llegamos al 50% de recuperación en 2020 y si no aplicamos con rigor la nueva Ley, tampoco conseguiremos la preparación para la reutilización y el reciclado del 55% en 2025 ni del 60% en 2030”

Jaedilla – Ecologistas en Acción “es consciente del enorme desafío que suponen estos compromisos para el Ayuntamiento de Arahal, con medios técnicos, fondos económicos y recursos humanos limitados, pero es inaplazable cumplirlos porque su incumplimiento acarreará importantes multas coercitivas”.

Por ello, la Asociación emplaza al Ayuntamiento de Arahal a asumir estas nuevas obligaciones legales con programas ambiciosos de concienciación de los ciudadanos y con revisiones en profundidad de todos los factores implicados en la gestión municipal de los residuos. De no actuar con rapidez, pronto llegarán las sanciones económicas impuestas desde la Unión Europea, termina afirmando el comunicado.

Alejandro Solano Cintado

Periodista, redactor de MedialTV. Presenta los "Servicios informativos" y el programa deportivo "Graderío Sur" en la televisión de este medio.

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